MARIANNA PÁRRAGA

EL UNIVERSAL

Uno de los principales argumentos de Exxon Mobil para solicitar la prolongación de la congelación de $12 mil millones a Pdvsa fue la amenaza de que la estatal "disipara" sus activos, es decir, que saliera de ellos o los cambiara de lugar durante el transcurso del arbitraje, dejando a la estadounidense sin la posibilidad de hacer efectiva una indemnización por su salida del proyecto Cerro Negro.

Si bien esto fue suficiente para que inicialmente la Corte Suprema de Justicia de Inglaterra ordenara la medida de congelación, el juez Paul Walker, que luego decidió el caso a favor del holding, opinó lo contrario. "El mero hecho de que la capacidad de endeudamiento del demandado esté en duda no justifica la aplicación de una orden de congelamiento", sentenció.

Más aun, Walker observó que "no hay razón para dudar que los bancos han estado y siguen estando preparados para asistir a Pdvsa en esta materia", de manera que no consiguió argumentos para decir que Pdvsa tuvo una conducta "injustificada" con respecto a sus activos, principalmente los externos, cuya valoración en libros es de 4.070 millones de dólares según estimaciones de Exxon.

La sustancia de los reportes presentados por Exxon sobre la salud financiera de Pdvsa apunta a que las políticas del gobierno venezolano han dejado a la estatal en una posición en que necesita tomar medidas para aumentar sus reservas líquidas.

Mobil considera que "la situación financiera de Pdvsa se está deteriorando rápidamente" y alegó que el comportamiento de la empresa con respecto a la demanda había consistido en "un conjunto de evasivas o desgano en participar en el arbitraje o el litigio, una posición a la defensiva tras admitir su responsabilidad o el silencio total".

Al respecto, el juez contestó que Pdvsa es "una de las cinco principales firmas petroleras integradas del mundo" y desestimó las preocupaciones de Exxon sobre la búsqueda de soluciones legales a través de los tribunales venezolanos, que según la norteamericana "están influenciados por el Ejecutivo". "No hay evidencia de que un juicio contra Pdvsa en Venezuela sería más difícil que uno en EEUU o en Europa", dijo Walker.

Las declaraciones de Rafael Ramírez, presidente de la estatal, presentadas por Exxon como evidencia fueron consideradas contradictorias por el juez, toda vez que en la primera habló de la posibilidad de compensar a los privados sólo con los montos registrados en libros y en la otra señaló que no estaba previsto pagar en efectivo, refiriéndose a la posibilidad de una compensación en especie.

Cuando Exxon señaló que el gobierno venezolano se oponía abiertamente al arbitraje, Walker recordó que, aunque tarde, Pdvsa había acudido en enero ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para cumplir con su obligación de dilucidar el caso mediante arbitraje internacional.

Por último, el juez resolvió no tomar en cuenta el hecho de que Pdvsa nunca presentó ante la Corte la enumeración de sus activos externos que se le había solicitado como parte de la medida cautelar dictada en su contra.

"Mi impresión inicial fue que los méritos para solicitar la orden de descongelación de activos eran muy fuertes y que cualquier peligro para Mobil durante el período de mi sentencia sería ligero. Estos factores me condujeron a concluir que sería un error solicitar a Pdvsa gastar tiempo y dinero en la consignación de información antes de mi decisión sobre la descongelación de los activos".