Las cifras son altas. En Aragua y durante el año pasado, diferentes autoridades violaron 890 veces los derechos humanos y 42 personas murieron por presunto ajusticiamiento policial. Es mucho, pero antes era peor: en 2003, los derechos humanos fueron violados 1.800 veces y los muertos por ajusticiamiento fueron 140. 

Desde la coordinación de la Asociación Vida, Paz y Libertad, Sara Mier y Terán lleva un registro de los casos de ajusticiamientos, lesiones, allanamiento y privación ilegítima de libertad que, por la manera cómo se ejecutaron, hayan constituido una forma de los derechos fundamentales. El descenso en estas formas de abuso lo atribuye al esfuerzo desplegado por el Ministerio Público después de crear la Fiscalía 20 de Derechos Fundamentales de Aragua, lo que logr´ó la disminución cuantitativa de estos oscuros casos. Sin embargo, enfatiza en que la impunidad continúa debido a lo que llama el "colapso del sistema de administración de justicia", especialmente en los casos de muertes por abuso de poder ejecutados antes de la creación de la Fiscalía de Derechos Fundamentales. "Los tribunales regionales están abarrotados y los jueces ya se encuentran incapacitados para ofrecer respuesta oportuna e inmediata. La consecuencia es la indolencia. Los casos de ajusticiamiento policial son los que más se colocan en el saco del olvido", refiere Mier y Terán. En estos casos, una sentencia judicial, si es que llega, puede demorar cinco o seis años, por más evidente que haya sido y por más pruebas que señalen a los presuntos responsables. Los diferimientos y las inhibiciones nutren la impunidad.

La clave en el descenso de los abusos por parte de las autoridades se encuentra, al decir de la abogada, en la actuación inmediata de los fiscales de derechos fundamentales que presentan, sin dilación, ante el sistema judicial a los funcionarios implicados en actuaciones ilegales.

Uno de los casos emblemáticos de la dilación judicial es el de Máximo Agrinzones, fallecido el 5 de noviembre de 1999. Desde mayo de 2004 esperó por nuevo juicio. Hace apenas tres meses, los tribunales fijaron audiencia para dar inicio al proceso, la cual fue diferida, otra vez, hasta el 22 de octubre.  Este es uno de los casos que Vida, Paz y Libertad junto con la ONG nacional Cofavic, se encuentran analizando para presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la búsqueda de otra instancia que haga efectiva la aplicación de justicia.