Las cifras son altas. En Aragua y durante el año pasado,
diferentes autoridades violaron 890 veces los derechos humanos
y 42 personas murieron por presunto ajusticiamiento policial.
Es mucho, pero antes era peor: en 2003, los derechos humanos
fueron violados 1.800 veces y los muertos por ajusticiamiento
fueron 140.
Desde la coordinación de la Asociación Vida, Paz
y Libertad, Sara Mier y Terán lleva un registro de los
casos de ajusticiamientos, lesiones, allanamiento y privación
ilegítima de libertad que, por la manera cómo se
ejecutaron, hayan constituido una forma de los derechos fundamentales.
El descenso en estas formas de abuso lo atribuye al esfuerzo
desplegado por el Ministerio Público después de
crear la Fiscalía 20 de Derechos Fundamentales de Aragua,
lo que logr´ó la disminución cuantitativa de
estos oscuros casos. Sin embargo, enfatiza en que la impunidad
continúa debido a lo que llama el "colapso del sistema
de administración de justicia", especialmente en los
casos de muertes por abuso de poder ejecutados antes de la
creación de la Fiscalía de Derechos Fundamentales.
"Los tribunales regionales están abarrotados y los jueces
ya se encuentran incapacitados para ofrecer respuesta oportuna
e inmediata. La consecuencia es la indolencia. Los casos de
ajusticiamiento policial son los que más se colocan en
el saco del olvido", refiere Mier y Terán. En estos casos,
una sentencia judicial, si es que llega, puede demorar cinco
o seis años, por más evidente que haya sido y por
más pruebas que señalen a los presuntos responsables.
Los diferimientos y las inhibiciones nutren la impunidad.
La clave en el descenso de los abusos por parte de las autoridades
se encuentra, al decir de la abogada, en la actuación
inmediata de los fiscales de derechos fundamentales que presentan,
sin dilación, ante el sistema judicial a los funcionarios
implicados en actuaciones ilegales.
Uno de los casos emblemáticos de la dilación judicial
es el de Máximo Agrinzones, fallecido el 5 de noviembre
de 1999. Desde mayo de 2004 esperó por nuevo juicio.
Hace apenas tres meses, los tribunales fijaron audiencia para
dar inicio al proceso, la cual fue diferida, otra vez, hasta
el 22 de octubre. Este es uno de los casos que Vida,
Paz y Libertad junto con la ONG nacional Cofavic, se encuentran
analizando para presentarlo ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, en la búsqueda de otra instancia
que haga efectiva la aplicación de justicia.