Discriminación

Como si fuera un paciente más de la Misión Milagro, la justicia recobró la vista. La revolución le quitó la confiable venda, tal como lo dijo muy claramente el fiscal general Isaías Rodríguez y decretó demodé aquello de que "la justicia es ciega".

Pero la revolución hizo algo más, al parecer, sin anuncios preliminares: la tiñó de rojo.

La reforma del Poder Judicial y la necesidad innegable de acabar con la temporalidad de los jueces activos (más de 80% eran suplentes), provocó que la Escuela de la Magistratura anunciara el nombramiento de nuevos jueces, lo que hizo por dos vías: selección directa de 458 y apertura de concurso y preparación para 418 aspirantes. Después de más de medio año de abierto el proceso y juramentada la primera tanda, el resultado es colorado, tanto por la tendencia política de los elegidos como por la dudosa moralidad de lo que debería ser una selección imparcial: la inmensa mayoría, 96% de los jueces escogidos directamente, simpatizan con la revolución.

Un abogado en ejercicio, Henry Jaspe Garcés, considerándose víctima de lo que sería una sutil pero inexorable práctica de discriminación política, buscó el listado de nuevos jueces, los cotejó -uno a uno- con el muy público programa Maisanta y encontró que, de los 458 nuevos jueces ya juramentados, sólo 16 solicitaron con su firma la activación del referendo revocatorio contra el mandato de Hugo Chávez. Es una desproporción arrolladora: sólo 16 de 458.

En el caso de los aspirantes a jueces, aceptados para recibir el programa de formación que dirige la Escuela de Magistratura y, posteriormente, realizar la selección final de los que ejercerán el cargo, la tendencia Maisanta también parece imponerse, aunque más diluida. De 418 abogados aceptados, 326 no firmaron contra Hugo Chávez y 92 sí lo hicieron. Eso significa que 78% de los preseleccionados simpatizan con la revolución.

Jaspe continuó hurgando en la data pública y descubrió que, además, "una gran mayoría de los pocos aceptados que sí firmaron a favor del referendo revocatorio, ya es funcionario del Estado". Lo descubrió enlazando los datos suministrados por el programa Maisanta con los solicitados en el site del Instituto Venezolano del Seguro Social que informa el lugar de trabajo del afiliado: el IVSS pide la fecha de nacimiento para dar la información laboral y el Maisanta dice las fechas de nacimiento de los votantes -y el nombre, la dirección personal, la del centro de votación, si firmó contra el Presidente o contra diputados opositores y si se beneficia de alguna misión gubernamental-, con sólo introducir el número de cédula de identidad.

La tendencia roja continúa afianzándose. Hace tres días, la Escuela Nacional de la Magistratura presentó el último listado de los seleccionados a concursos de oposición para otorgar titularidad a los jueces. Son 225 abogados. La simpatía al Gobierno es unánime.

El objetivo inicial de la renovación judicial se cumplió pues, de ese 80% de provisionalidad de los jueces se pasó, en unos meses, a 90% de titularidad. El problema real, al decir de Jaspe, es que se trata de una "titularidad política".

"Yo sólo puedo remitirme a los hechos objetivos, que demuestran claramente que se aplicó la lista Maisanta. No dudo que muchos sean capaces de ejercer ese cargo pero la condición intrínseca para que sean escogidos es la simpatía política que demuestren", reclama Jaspe.

Amparo contra discriminación

Porque está seguro de haber sido víctima de discriminación política por parte de la Escuela de la Magistratura, Henry Jaspe introdujo un recurso de amparo, en el Tribunal Supremo, contra Jesús Eduardo Cabrera, director de la DEM.

A su decir, "los que firmamos, no competimos en igualdad de condiciones". Igualdad en la que creía pues las autoridades difundieron la presunta transparencia que tendría el proceso. "Pero se atrevieron a hacer lo que jamás hizo la Cuarta República: politizar todo el Poder Judicial, a la totalidad de los jueces en ejercicio, hacer del Poder Judicial un apéndice más del Presidente, cuando debería ser totalmente objetivo e imparcial", puntualiza.

Del tinte imparcial existen antecedentes. "En la apertura del año judicial, se escuchó a los jueces gritar 'Uh, ah, Chávez no se va'. Esto fue criticado por la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central, y por el Colegio de Abogados del Distrito Capital, entre otras instancias. Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Omar Mora, calificó el hecho como un 'incidente intrascendente dentro del ambiente de gran alegría que reinaba' .

Así que el amparo constitucional lo introduce por lo que considera fue la violación de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación, que considera le han sido "flagrantemente vulnerados por las omisiones y acciones", de la Escuela Nacional de Magistratura que dirige Jesús Eduardo Cabrera, en quien personaliza la acción.

En el recurso de amparo presenta la lista completa de los jueces y aspirantes a jueces que recibieron la anuencia de las autoridades, su cédula y si firmó o no firmó, según el Maisanta. El CD con este programa lo venden los buhoneros en el centro de Caracas, sin ningún control.

Togas rojas

El proceso de designación de nuevos jueces se realizó en dos fases paralelas: selección directa y concurso público.

Las cuentas exactas, que hablan de la simpatía política de los nuevos jueces (escogidos a discreción y ya juramentados) son así: De los 226 que ejercen desde el 19 de mayo de 2006, 222 no firmaron a favor del referendo revocatorio y 4 sí lo hicieron; de los 45 nombrados oficialmente el 9 de agosto, sólo una firmó y de los 207 del 27 de octubre, 196 no firmaron.

El concurso público para la selección de nuevos jueces atrajo a 4.000 abogados que presentaron, el 9 de julio, el examen de conocimiento; sólo lo aprobaron 900 aspirantes. Estos presentaron, a finales de agosto, el examen psicotécnico. Ese fue el momento de la discriminación política, según Jaspe.

"Sin dar más explicaciones, me notificaron que había reprobado ese examen que siempre estuvo mal planteado pues no se contrató a un tercero como debían haber hecho si querían garantizar la transparencia del proceso. En el examen psicotécnico nos obligaron a colocar nombre y cédula. La evaluación y selección las realizó la Escuela de la Magistratura. Además, por falta de tiempo, eliminaron el examen médico, que se suponía era obligatorio", asegura. De los 418 aspirantes admitidos para iniciar el programa de formación, 326 no firmaron contra Hugo Chávez.

Jaspe introdujo su recurso de amparo el día 18 de octubre de este año. Aún no ha recibido siquiera respuesta sobre la pertinencia o no del instrumento jurídico. "A pesar que se trata de la transparencia necesaria para el Poder Judicial, no han demostrado interés. Prefirieron responderle primero al diputado José Albornoz, sobre el uso del color azul por parte de la oposición, pese a que introdujo su petición después que yo. El programa de formación de jueces ya comenzó, sin que se haya corregido la irregularidad", expresa.

gchiappe@eluniversal.com