Durante el primer mandato de Carlos Andrés Pérez, el Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos que, en resumen, impuso el control estatal sobre toda la cadena de valor de esta industria: el Estado era propietario e inversionista.

"El carácter sui géneris de la nacionalización no sólo permitió la supervivencia de las estructuras organizacionales de las multinacionales, asegurando la continuidad operacional tan apetecida", señala el estudio de Liderazgo y Visión: "sino que también aseguró que las diferentes culturas empresariales sobrevivieran y formaran el código genético de la industria petrolera estatal por nacer". A esa persistencia de la influencia extranjera apuntaban las críticas.