El investigador de la comunicación Antonio Pasquali considera
que la principal diferencia entre el proyecto Ratelve _que abogaba
por la creación de una televisión de servicio público_
y la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión,
es el abismo que existe entre una democracia y una dictadura.
_¿En qué se diferencia la llamada Ley de
Contenido que está por ser aprobada al proyecto que el
equipo que usted encabezaba redactó décadas atrás?
_Permítame recordar que hubo un Proyecto Ratelve en
1974, elaborado por un muy democrático y plural comité,
que sugería dar coherencia al plexo cultura/comunicación
y racionalizar el sector radiotelevisivo incorporando al
panorama mediático un servicio público no gubernamental,
y un proyecto de Ley Orgánica de la Radiotelevisión
sometido al Congreso en 1995 por el Comité por una
radiotelevisión de servicio público que contemplaba
la creación de una autoridad independiente de la radiotelevisión,
paralela a Conatel, que administraría las frecuencias
radioeléctricas y crearía un servicio público
de radiotelevisión totalmente desgubernamentalizado.
Los dos documentos proponían pues, lo mismo, con niveles
diferentes de concreción: crear un tercer polo radiotelevisivo
que no dependiera ni del mercado ni de Miraflores. Las diferencias
entre nuestros dos proyectos y la Ley reguladora de contenidos
del actual régimen, déjeme decirlo con cierto
orgullo, van de la democracia a la dictadura. Tan es así,
que el proyecto chavista ni siquiera menciona la radiotelevisión
del sector público, ni limita los actuales abusos de
posición dominante de Chávez, quien hace uso de
micrófonos y cámaras a un escalofriante promedio
de 38 minutos diarios.
_¿Por qué usted cree que cayó
el silencio sobre ambos proyectos?
_Porque en el país regía una especie de pacto
no escrito entre medios y gobiernos para no molestarse
mutuamente, y el usuario, allá él. Nuestra
propuesta no gustaba finalmente ni a unos ni a otros
porque acabaría con poderosos hábitos e intereses
creados de lado y lado. Hoy, tras el trauma de la doble
pantalla del 11 y 12 de abril, muchos venezolanos han
comprendido que allí, en cada mitad de imagen,
se enfrentaron dos locomotoras, cada una con sus propios
intereses, que no tomaban en cuenta a los ciudadanos.
El país sería otro si ese mismo día
un servicio radiotelevisivo absolutamente independiente
hubiese informado a la gente de lo que realmente sucedía,
de lo que ocurría en realidad. Mi inconmovible
convicción de que Venezuela necesita un tercer
protagonista en radiotelevisión _y lo subrayo
por enésima vez_ no implica en absoluto que la
radiotelevisión privada deba siquiera minimizarse;
sin ella tampoco habría democracia, gústenos
o no el uso que ella hace de su propia libertad. Se
lo dice quien lleva cuarenta años criticando
la telebasura, luchando contra adecos, copeyanos y
chavistas para dignificar nuestros miserables servicios
públicos, y quien es autor de la sentencia "la
comunicación es libre y plural" que hoy figura
en la Constitución.
_Pero el chavismo se ufana de hacer todo
lo contrario a lo que hacían los partidos tradicionales.
_Sí, pero el chavismo defraudó las
esperanzas de modernidad más que ningún
otro gobierno. Podía pensarse que el chavismo
liberaría las concesiones radiales, refrenadas
por los amos del valle, para que hubiera una explosión
de libre comunicación, pero inventó
una radio comunitaria de régimen. En la época
del gobierno interino luchamos en vano para que
no se aprobase la nefasta Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, madre del monstruo actual;
Chávez había ordenado aprobarla tal
cual para granjearse simpatías electorales.
Aun antes del chavismo, habíamos denunciado
la írrita cesión del Canal 5 a privados
y exigido fuese restituida a la nación; el
cobarde chavismo fue incapaz de recuperarlo. Nunca
en su respectiva historia, Radio Nacional y el
Canal 8 habían llegado a los actuales niveles
de abyección y talibanismo ideológico.
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